Facua-Consumidores en Acción ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno que ponga en marcha «de una vez» una modificación regulatoria por la que se imponga la obligatoriedad a las clínicas privadas de disponer de un seguro por cierre y Responsabilidad Civil obligatorios. Además, añaden que deberán incluir cuantías proporcionales a las cifras de negocio que haga frente a los perjuicios causados a los consumidores, ante los constantes casos de fraudes y cierres de clínicas odontológicas y estéticas, entre otras, de los últimos años.
La asociación recuerda que ya se dirigió en 2024 a los ministros de Consumo y de Sanidad, Pablo Bustinduy y Mónica García, para pedir una reforma en este sentido, «sin que desde el Ejecutivo se hayan llevado a cabo los cambios regulatorios necesarios». Sin embargo, desde Facua advierten de que los casos de cierres repentinos de clínicas han seguido creciendo en los últimos años, «aumentando la desprotección de los usuarios ante un modelo de negocio que se ha basado en el rápido crecimiento y el beneficio económico inmediato mediante la financiación vinculada a los tratamientos en perjuicio de los ciudadanos».
En concreto, el comunicado apunta que los últimos años han cerrado clínicas odontológicas como iDental, Dentix y SmyDent; así como diferentes cadenas de centros de medicina estética como Dr. Life, Único, Ideal, Europiel, Belcare, Bedda, 360 Clinics, Dorsia o Hedonai. Esta última, añaden, ha cerrado sus centros y entrado en concurso de acreedores estos últimos días, después de haber cerrado progresivamente todos sus establecimientos en la Península durante los meses anteriores.
La asociación incide en que está recibiendo recientemente numerosas consultas y reclamaciones de afectados por la clausura de esta última cadena, que se suma a las «cientos de denuncias de consumidores en los últimos años por el cierre de otras empresas de estos sectores». Por ello, subrayan que estas clínicas han cerrado sus puertas «dejando a miles de usuarios con tratamientos pagados o financiados y a medio terminar o directamente sin haber empezado y sin garantías, además de intervenciones mal ejecutadas, con daños derivados de negligencias profesionales, uso de materiales de baja calidad, etc.».
Necesidad de regulación
Así, Facua señala que lleva años reclamando a las distintas fuerzas políticas que se pongan de acuerdo para, mediante ley, obligar a las empresas a que tengan un seguro de Responsabilidad Civil proporcional a su volumen de negocio para pagar posibles indemnizaciones por daños, fraudes o cierres, y que se cree un fondo de depósito con el mismo objetivo.
Igualmente, recuerdan que la ley general de 1984 preveía que el Gobierno desarrollase la regulación de dichos seguros y el fondo de depósito, pero insisten en que «más de cuarenta años después sigue sin aprobarse».
La asociación también incide en que debe establecerse la obligatoriedad de poner a disposición de los usuarios información clara, completa y accesible sobre los centros sanitarios, mejorando el Registro de Establecimientos y Centros Sanitarios. De esta manera, concretan, debería identificarse al titular de la clínica y a los profesionales médicos que ejercen allí, cartera de servicios autorizada, facilitar los datos del seguro de ambos y la fecha y resultado de los controles y planes de inspección que haya realizado la administración. Y añaden que debería regularse una serie de garantías de acceso y recuperación de las historias clínicas, que prevea su conservación en caso de cierre de los establecimientos, y la publicidad sanitaria dirigida a los consumidores, así como un control efectivo sobre ella.
De igual forma, desde Facua consideran que resulta «imprescindible» que se realicen controles e inspecciones periódicos de forma anual, sin previo aviso, y ante denuncias de usuarios, colegios profesionales y otras instituciones y organizaciones. «Si se detecta una irregularidad, los procedimientos sancionadores deben ser efectivos y disuasorios, con multas cuyas cuantías cumplan verdaderamente su objetivo de evitar la reincidencia en la infracción», subrayan. Y añaden que estas sanciones, además, deben ser públicas y publicitadas, para que los usuarios conozcan antes de contratar si la empresa en cuestión ha sido multada.
Por último, para casos de cierres, solicitan que debe regularse una clausura ordenada en la que existan protocolos garantistas para los usuarios afectados, que protejan sus derechos.
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